DEL PLANO COLLOR AL CORRALITO: Episodios marcantes en la historia de la política sudamericana

Escrito por Mauricio Ferrão Pereira Borges. Publicado em Artigos Dez 2005.

Mauricio Ferrão Pereira Borges
Mestre e doutorando en Derecho en la Eberhard Karl UniversidadTübingen/Alemania

 

SUMÁRIO: 1. Contexto histórico – 1.1. El “Plano Collor” en Brasil – 1.2. El Corralito en Argentina – 1.2.1. La congelación – 1.2.2. Las consecuencias de la decisión – 1.3. La similitud jurídica de ambos hechos – 2. Cuestiones  Terminológica – 3. Conclusiones

 

1. Contexto histórico

1.1. El “Plano Collor” en Brasil

Tras la toma de posesión Fernando Collor de Mello, investido de la condición de Presidente de la República Federativa do Brasil, instituyó, mediante Medida Provisoria, el llamado “Plano Collor”. Esa providencia legislativa[1], emanada del Poder Ejecutivo, se convirtió, posteriormente, en ley, más precisamente en la Ley no 8.024, de 12 de abril de 1990[2]. El objetivo primero – jamás alcanzado – de aquel plan económico fue el de controlar la inflación la que, al inicio de los 90, sobrepasó los límites de lo razonable, alcanzando índices alarmantes.

La principal medida adoptada por el gobierno para refrenar la avalancha inflacionaria que acometía contra el país fue la de bloquear, directamente en los bancos, los denominados “activos financieros”. Esta restricción de las extracciones comprendió no sólo los depósitos al contado – de cuentas corrientes y cajas de ahorros– sino los depósitos a plazo – a ejemplo de los fondos de inversión e inversiones de medio y largo plazo. La noticia de que tanto el líquido de las cajas de ahorros, como el de las cuentas corrientes serían confiscados provocó verdadero pánico en los ahorristas en general, una vez que estos podrían obtener de inmediato solamente la cantidad límite de 50.000 cruzados novos[3]. Los ahorristas fueron impedidos dedisponer de aquel efectivo, hasta ser desbloqueadas las respectivas cuentas por dicha estrategia económica, puesto que este sería – como de veras lo fue – liberado sólo a partir de septiembre de 1991, o sea, casi un año y medio después de su retención por el gobierno. Y, es interesante mencionar que, fue devuelto en doce cuotas mensuales.

1.2. El Corralito en Argentina

El 03 de diciembre de 2001, semejante a lo narrado anteriormente, el gobierno argentino, representado por el, en ese momento, por ministro de la Economía, Domingo Cavallo, anunció, para espanto de muchos, medida restrictiva a la circulación de todos los activos de los bancos del país. Esa limitación abarcó, como había ocurrido en Brasil hace más de una década, no apenas los depósitos al contado, como los depósitos a plazo.

La desconfianza de los argentinos de que el peso se desvalorara rápidamente generó una verdadera carrera a los bancos. Anticipando la posibilidad de volverse insolventes por no tener como atender a la demanda de retiradaspromovida por el alza del dólar, muchos bancos cerraron por varios días. La contrariedad del pueblo argentino fue general y aquella providencia, adoptada con el objetivo de evitar la bancarrota del sistema financiero del país, culminó con la caída del Presidente Fernando de la Rúa. Argentina, de ese modo, vio desfilar por el liderazgo del ejecutivo federal, nada menos que cinco presidentes en un período de 12 días, comprendidos entre fines de 2001 y el comienzo de 2002, hasta que tomó posesión, por último, Eduardo Duhalde.

1.2.1. La congelación

Durante la congelación de movilizaciones financieras, una parte de los depósitos cautivos fue liberada a través de sentencias judiciales. La principal – y primera – sentencia contra el corralito ocurrió por mediode proceso cautelar y fue concedida en el caso SMITH[4], ocasión en que la Suprema Corte de Justicia por considerar inconstitucional tal plan económico, dictó que el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. restituyera integral e inmediatamente los fondos depositados por Carlos Antonio Smith en aquella entidad bancaria.

Con 6 votos a favor y 3 abstenciones, el máximo tribunal declaró que las restricciones bancarias son una violación a los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional. Esa decisión consideró irrazonable el corralito financiero, a medida que éste significaba un aniquilamiento de la propiedad[5]. Una vez abierto el precedente jurisprudencial, a partir de la sentencia pronunciada por la Egregia Corte, hubo un aluvión de demandas contra el bloqueo de valores hecho por el gobierno.

1.2.2. Las consecuencias de la sentencia

Lasentencia de liberar los depósitos financieros basados en los informes, aunque sea legalmente idónea, provocaría un verdadero colapso de la banca, ya que no habría reservas monetarias suficientes para hacer regresar a la comunidad argentina todo el dinero retenido por el gobierno.

Según explicó a la agencia Reuters el estrategista Siobahn Manning, “Obviamente, si se abre el acceso (a los bancos) todo el dinero va a salir   y esto básicamente destruirá el sistema bancario (...) Por eso, el gobierno va a tener que encontrar una manera de pasar por encima del fallo judicial" .

La descongelación total de los valores bloqueados, además de ser imposible desde el punto de vista operativo de los bancos, ya que la búsqueda a los fondos retenidos sería mucho más grande que las propias reservas disponibles, sería impracticable para la nación argentina, pues provocaría la bancarrota total del sistema económico. Sin Embargo a partir del día 02 de diciembre de 2002 conforme anuncio oficial de Roberto Lavagna, ministro de la Economía, el gobierno argentino puso alrededor de 21 mil millones de pesos (cerca de 6 mil millones de dólares) a la disposición de quienes poseían depósitos al contado retenidos en los bancos. Ahora bien, dicha decisión no acabó con el corralito, visto que los depósitos a plazo fijo permanecieron congelados.

1.3. La similitud jurídica de ambos hechos

Es fácil imaginarse, tanto en una situación como en otra, la cantidad y gravedad de los problemas que los dos planes económicos causaron para buena parte de sus respectivas poblaciones. Muchas personas en dichas épocas obviamente habían contraído compromisos financieros con pagos a plazos y por lo tanto contaban con los recursos bloqueados para cumplirlos. La explicación didáctica de la situación creada a partir de la confiscación, principalmente de las cuentas corrientes y cajas de ahorros, es la siguiente:

Muchas veces el consumidor, principalmente el perteneciente a la clase media, no tiene condiciones de adquirir las mercancías que necesita o que desea al contado. La solución es comprar a plazos adecuando su presupuesto mensual a las cuotas de los productos adquiridos. El comercio, adaptándose a esta incontestable realidad, viene utilizando, cada vez más, el artificio de las vendas con pagos fraccionados, generalmente con cuotas mensuales fijas. El problema empieza cuando, en épocas como las de ahora en Argentina, y desde el inicio de los 90 en Brasil, hay un empobrecimiento acentuado de la clase media, considerada la mayor consumidora del mercado. Y se agudiza a medida que dicha clase ve sus ahorros retenidos en los bancos, hecho que trae una consecuencia lógica: la imposibilidad de los adquirentes de bienes, comprados a plazos, liquidar sus respectivas cuotas puntualmente. Sin embargo la situación se agrava realmente cuando la capa social atingida es la clase media, considerada la principal consumidora del mercado. Esta, sin dinero, no consume más. Los establecimientos de venta, sin poder liquidar sus existencias de mercancías – pues no hay demanda – de ese modo se ven obligados a cerrar las puertas. La consecuencia: la quiebra de las empresas pequeñas y medianas, paro y endeudamiento de los suministradores, los cuales no cobran por el suministro de las mercancías.

2. La cuestión terminológica

Ahora se debe valorar la cuestión terminológica, de carácter substancial para la ordenación de las ideas dispuestas a seguir. Serán tratados los aspectos fundamentales que distinguen los términos nación, soberanía y gobierno. El concepto de nación se refiere a un sentimiento unitario del pueblo – conglomerado humano, unido a raíces culturales propias – que quiere vivir una soberanía. La idea desoberanía, a su vez, es esencialmente política, a medida que se refiere al poder ejercido por el propio Estado. Poder este supremo, pero no omnipotente. La soberanía, no puede todo, puesto que, además de la limitación territorial de ese poder, está la limitación del Estado por el propio Derecho. La soberanía del Estado así es el propio poder del Estado. Ya el concepto gobierno se relaciona con la actividad política interna, que regula la sociedad, que ejerce, administrativamente, el control social[6].

Los fallos judiciales, como se sabe, deben observar el principio de la legalidad, no obstante, la corte máxima estatal debe tener una visión no simplemente legalista, sino que  debe considerar las consecuencias políticas procedentes de sus propios actos. Conforme esta visión estadista, la ley, antes de ser fin exclusivo del Poder Judiciario, debe ser concebida como medio para el logro del bienestar de la sociedad.

Ejemplo que se pode dar a la posición sostenida anteriormente se refiere al principio de la dignidad humana. Ello es indudablemente superior a la soberanía de cualquier Estado, pues si se acepta la proposición contraria, se encontraría un estado en banca rota. Admitiéndose esta hipótesis, faltaría preguntar cuál sería la utilidad de la soberanía en un “estado de miserables”. ¿De qué serviría? Cuando el Estado no puede socorrer a los ciudadanos, pierde su función precipua, que es la de resguardar los intereses de su pueblo, y no la de darles aun más problemas.

3. Conclusiones

La pregunta es, a pesar de la furia popular contra los actos practicados por el gobierno y del entendimiento de la Corte Suprema de Justicia – y del propio FMI – de que el corralito no sólo falta al derecho de propiedad, sino que lo aniquila, ¿ los órganos jurisdiccionales deberían cuidar de la ley o de la salud del Estado? ¿Cuál de esos bienes de la vida es jurídicamente menos relevante a punto de ser sacrificado? Sopesando ambos, ¿cuál debería prevalecer?

En la visión de este autor, por veces, los hechos se imponen al derecho. Y, en contexto de grave crisis financiera, el Poder Judiciario debe resguardar la nación como un todo, preservando el interés público en detrimento del interés privado. En resumen, un estado sólo es soberano si así lo permite su sistema judiciario y su pueblo, con el objetivo de preservar la soberanía estatal y respaldar sus decisiones. Pese que se tratar de Estados Democráticos de Derecho, el Poder Judiciario de un país debe, por regla general, hacer prevalecer el interés nacional en detrimento del particular, aún más cuando la realidad de lo ocurrido se encuentra en disonancia con el derechopositivado. Evidentemente, en un Estado Democrático de Derecho se ejerce una democracia, pero no hay democracia sin Estado, aun existiendo Derecho.



[1] MP no 168, de 15 de marzo de 1990.

[2] He aquí la redacción íntegra del art. 62, de la Constitución Federal brasileña que autoriza la edición de medidas provisorias por el Presidente de la República:

“Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente de la República poderá adotar medidas provisóorias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato al Congresso Nacional”.

[3] Cruzados novos, esta era la denominaión de la moneda brasileña vigente en la época de la instauración del plan económico, a partir de esa unidade adoptada por el sistema monetario nacional fue el cruzeiro, conforme el art. 1o de la ley no 8.024/90. El art. 5 o del mismo texto legal así disponía:

“Art. 5º Os saldos dos depósitos à vista serão convertidos em cruzeiros, segundo a paridade estabelecida no § 2º do art. 1º, obedecido o limite de NCz$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzados novos)”.

§ 1º As quantias que excederem o limite fixado no caput deste artigo serão convertidas, a partir de 16 de setembro de 1991, em doze parcelas mensais iguais e sucessivas (...)”. Disposición similar traía el art. 6º, que versaba, sin embargo, acerca de las cajas de ahorros.

[4] SMITH, Carlos Antonio X PODER EJECUTIVO NACIONAL o ESTADO NACIONAL

[5] Según el acuerdo, el gobierno, al adoptar la referida medida económica, estaría desconociendo el derecho de las personas de disponer libremente de su respectivo patrimonio.

[6] Es interesante saber que, si hay contrariedad al gobierno, se considera como una oposición, pero si la insubordinación es dirigida contra el Estado, se considerará un movimiento subversivo.

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